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La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos dice que la ley afectará a 2 millones de familias. El proyecto de Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas es confiscatorio. Roberto Orta señala que se pretende institucionalizar la venta obligatoria de una edificación.
Continúa la incertidumbre habitacional. Si el Gobierno nacional aprueba la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas "se extinguirá definitivamente el alquiler de viviendas en Venezuela, perjudicando a las 2.000.000 de familias que no tienen vivienda".
La información fue suministrada por Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).
Según el titular del gremio, el proyecto auspiciado por el Ejecutivo es parcializado, inconstitucional, confiscatorio, y además, atenta contra la propiedad privada.
"Este anteproyecto de ley crea inseguridad jurídica y perjudica a 1.5000.000 propietarios de viviendas de las barriadas de Venezuela y a las familias de clase media, de todas las ciudades".
Según Orta, "se pretende institucionalizar la venta obligatoria y expropiación al propietario de una vivienda como al dueño de más de cinco inmuebles" sin dar las garantías constitucionales de pago y derecho a la defensa.
El borrador de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas "regula los precios de venta de propietarios a inquilinos, sin tomar en cuenta la ubicación del inmueble con precios basados en parámetros que fija el mismo Ejecutivo Nacional (...) esto llevaría a que miles de propietarios a que ni siquiera recuperen el precio pagado por esos inmuebles".
CESE DE CONGELACIONES
Por su parte, Raimundo Orta, coordinador nacional de Apiur, considera que el Gobierno debe quitar la congelación de alquileres porque ésta ha arruinado al 90% de los constructores, propietarios arrendadores y los propios inquilinos.
Sugirió al Estado como solución habitacional a que desarrollara urbanizaciones de gran extensión nacional. Acotó que los ciudadanos deben ser estimulados con la finalidad de que construyan con sus propios medios las viviendas.
"Por el camino que vamos nosotros estimamos que 160 años no bastarían para resolver el problema de la vivienda. Mientras en este momento tenemos un fuerte problema con más de dos millones de familias sin vivienda o en condiciones infrahumanas, está creciendo nuestra población de forma geométrica y las viviendas de manera aritmética y muy lenta".
Pidió al Ejecutivo que buscara asesoría y consulte a academias de urbanistas.
PLAN QUE SÍ FUNCIONÓ
Raimundo Orta recordó que en el país existió la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad en Venezuela que se encargaba de entrar en las barriadas con pésimas condiciones con el propósito de expropiarlas.
Acotó que las personas eran reubicadas en las zonas donde se levantaban los nuevos proyectos habitacionales. "Se levantaron urbanizaciones como Caricuao, Simón Rodríguez y Pinto Salinas. Estas dieron una solución de viviendas que todavía está funcionando. El mismo 23 de Enero fue un programa de transformación de un terreno bien ubicado para un barrio que no tenía buen aprovechamiento y le dio la oportunidad de ocupar ese terreno a muchas personas".
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