Dudan de que expropiaciones resuelvan el déficit habitacional

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Publicada a las 08:45 AM del 31 de Mayo de 2011 | El Mundo

Lotes de terrenos, incluyendo estacionamientos, casas y edificios, forman parte de la lista de bienes que en la última semana ha expropiado y ocupado el Gobierno nacional.

La razón que alega el Gobierno para ejercer tal acción es la satisfacción del derecho humano a la vivienda, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en los decretos publicados en la Gaceta Oficial desde el pasado miércoles.

Proyectos de desarrollo endógeno y habitacionales serán desarrollados en los distintos terrenos urbanos tomados últimamente.

Pero a juzgar por el estado de los estacionamientos expropiados en diciembre pasado en la zona de Santa Rosa, en la avenida Libertador, en Caracas, Felipe Benites, director del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice, descarta que la medida constituya una solución al déficit habitacional.

Dice que no ve en el mediano plazo que esta serie de medidas vayan a traducirse en más viviendas, al menos en el mediano plazo.

Ejecutar un proyecto habitacional amerita hacer un proyecto previo que contemple estudio de suelos, de impacto ambiental, por mencionar solo algunos.

Y Benites observa más bien falta de planificación y como que se quisiera mostrar mano dura y enviar un mensaje a los actores sociales y económicos,

"La gente manifiesta temor a dar el nombre para decir algo de manera frontal, a reclamar sus derechos", expresó respecto a la respuesta de algunos propietarios afectados por la expropiación de 44 edificios en el municipio Libertador, el pasado jueves.

El tema es que las expropiaciones que comenzaron a partir de 2001 con la Ley de Tierras y luego -hacia 2005- se trasladaron al sector empresarial; ahora llegaron al área urbana, con énfasis en el sector inmobiliario, de acuerdo al análisis de Benites.

Incentivo a invadir

Algunos de los 44 inmuebles expropiados el pasado jueves 26 de mayo fueron invadidos en la última década.

El director del Observatorio de Propiedad considera que convalidar este tipo de acciones constituye un incentivo para que la gente continúe ocupando ilegalmente los bienes ajenos.
No obstante, cree que la convocatoria que ha despertado la Gran Misión Vivienda Venezuela le está enviando una señal al Gobierno de hasta qué punto está dispuesto a tomar el venezolano este camino.

"La gente quiere vivir en un sitio ordenado, real, verdadero y que sea propio", comentó, descartando que sea la mayoría la que se vea alentada por la impunidad que marcan las invasiones y ocupaciones y por el discurso oficial que las estimula.

La instancia contabiliza en los últimos seis años 2.100 violaciones a la propiedad privada en todo el país.

No obstante, Benites cree que el monto es insignificante si se compara con todos los activos de la sociedad venezolana.

Duda de que la palabra expropiación sea la más indicada para calificar las acciones del Gobierno respecto a la toma de propiedades.

"Estamos en presencia de una especie de confiscación, de un acto de fuerza, pero muy lejos de lo que se considera expropiación como tal", explicó al señalar que el Gobierno ha creado instrumentos legales que sustentan sus decisiones.

Y no por ello legaliza sus acciones, pues -de acuerdo a Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), la ocupación previa de bienes va contra la Constitución, pero a la luz de la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, que la contempla, luce legal.

Benites advierte que la toma de bienes, incluyendo inmuebles en arrendamiento, le subirá los decibeles a la conflictividad social.

"A la gente no le será fácil deshacerse de sus bienes, más cuando la vivienda es el patrimonio de la gente, esté donde esté ubicada", resaltó.

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