Alegan que construirán viviendas para justificar desalojo express

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Publicado por El Nacional el Martes, 18 de Octubre del 2011

Después de atender por 20 años un negocio de empanadas en la avenida Andrés Bello en Maripérez, José Antonio Pereira tiene que desalojar el establecimiento en los próximos 10 días, por orden de la Alcaldía de Libertador. "No tengo otro local; ando desesperado como todo el mundo por aquí", confiesa. El problema se repite en los casos de, aproximadamente, 70 pequeños comerciantes del sector, de acuerdo con las cifras que manejan los afectados. Sin embargo, en la página web del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, se indica que son sólo 42 negocios. El jueves 13 de octubre todos recibieron una comunicación de la Sindicatura Municipal de Libertador en la que se les notificaba que tenían que hacer entrega de los terrenos donde están los locales, en lapsos que varían entre 1 y 14 días según cada caso. La justificación para el desalojo es que en ese terreno se construirán viviendas multifamiliares. Según la página del alcalde, se edificarán 320 apartamentos para damnificados. En los negocios afectados ya colocaron carteles que aluden a la Gran Misión Vivienda Venezuela. "Han traído a damnificados hasta el lugar donde están los negocios y les han dicho que aquí les van a construir sus casas", relata Edna Avanzini, empleada de la Ferretería Materiales S.A., de la avenida Andrés Bello. El dueño, Emil Mezerhane, tiene un documento de la Dirección de Control Urbano de la alcaldía en el que se señala que debe pagar una multa de más de 15 millones de bolívares. El empresario explicó que la sanción le fue impuesta con la justificación de que construyó en zona verde, pero él asegura que la zonificación de esa área la califica como urbanizable con viviendas y comercios. "Nos van a demoler y a multar, y si no desalojamos nos van a quitar los bienes", se lamentó Mezerhane: "Tenemos 50 años aquí, supuestamente ilegales. ¿Pero no estábamos ilegales cuando pagamos los impuestos?" Con multas y sin indemnización. En la calle Zulia de Maripérez se agrupan aproximadamente la mitad de los comercios afectados por la medida. Al fondo de la vía está la carpintería de Eduardo Cortelucci, que tiene 45 años en el lugar. El plazo que le otorgaron para desalojar el local fue de 14 días y la multa es de 14 millones de bolívares impuesta −según explicó− con el argumento de que construyó en zona verde. Él asegura que eso no es cierto porque la mayoría de los comerciantes había alquilado el terreno a la familia Mezerhane, que tenía inmuebles allí y que en algunos casos fueron ampliados. "Ni vendiendo el negocio podría pagar la multa. Y si la canceláramos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos de mendigos? Lo que nos está pasando es la quiebra, es una desgracia", dijo. Los trabajadores se quejaron porque se quedarán sin empleo. Los comerciantes consultados aseguraron que el desalojo no implica indemnización. La mayoría alquiló el terreno inicialmente a la familia Mezerhane, pero desde hace más de un año paga el alquiler a la Sudeban, que ahora es propietario de los terrenos. Así lo explicó Zoilo Lozán, que tiene una imprenta en la calle Zulia de Maripérez. Dijo que es imposible que saque sus maquinarias de trabajo en 10 días −tal y como se lo solicitó la alcaldía− porque las imprentas tienen dimensiones grandes y para mudarlas tiene que romper una pared y alquilar una grúa. "Si existe un decreto en contra de los desalojos arbitrarios, ¿por qué esa medida no nos beneficia? ¿Al salir de nuestros negocios de qué vamos a vivir?", preguntó. GEORGELY MORÍN gmorin@el−nacional.com

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Trabajadores del INE marchan para pedir la discusión del contrato colectivo

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18-Oct 10:49 am|Irelis Durand

Los manifestantes cerraron el paso de la Cota Mil, a la altura de Maripérez para luego iniciar una caminata hacia Miraflores y la Vicepresidencia

El presidente del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Roger Hernández, informó que unos 500 trabajadores del organismo marcharán hacia Miraflores y a la Vicepresidencia para exigir la discusión de la contratación colectiva.

“Aquí hay una representación de trabajadores de todos los estados porque tenemos una exigencia
de carácter laboral”, dijo.

Los manifestantes cerraron el paso de la Cota Mil, a la altura de Maripérez lo que ocasionó fuerte congestionamiento vehicular.

Advirtió que de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades radicalizarán las acciones y realizarán un paro nacional.

Señaló que los trabajadores de Caracas mantienen las actividades paralizadas pero denunció que la directiva tiene personal contratado para suplir sus actividades “y hacer ver que no están paralizas las acciones”.

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