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Una larga caravana de automóviles calienta la avenida Casanova los últimos días. Las colas, que se originan en la Zona Rental, suelen extender sus tentáculos hacia la Autopista Francisco Fajardo y la avenida Libertador. Para Edwards Medina, un joven motociclista, nadie está exento de los atascos en la ciudad.
A Medina, el colapso vial lo entretiene. Sus pensamientos se orientan a idear soluciones para esquivar las colas: “Hay que ingeniárselas, buscar rutas alternativas para ahorrar tiempo o, simplemente, esquivar las colas más fuertes”.
Desde el pasado miércoles, el colapso vial se centra en la avenida Casanova. Allí cercaron parte de la vía para ejecutar las obras del Metro de Caracas y culminar los preparativos de un acto de música alternativa. “Después del fin de semana se descongestionará un poco porque se habrá realizado el concierto, pero las excavaciones del Metro durarán mucho más. Yo creo que debemos acostumbrarnos. Sin embargo, no sería malo que buscarán soluciones a este caos”, afirma Alberto Angulo, chofer de autobús.
Su oficio pudiera convertirse en tedioso los próximos meses.
La compañía Metro de Caracas clausuró el tramo de la avenida Casanova que va desde la calle Oropeza Castillo hasta la avenida Las Acacias. Haiman El Troudi, presidente de la empresa, informó que la excavación del foso podría terminar en 2012.
Ángulo, quien no entiende de cronogramas o de ingeniería, se preocupa por su suerte.
Son, por lo menos, 40 minutos adicionales que deberá soportar en colas: “Nosotros somos los que más duramos en el tráfico, pues lidiamos con detenernos en las paradas para recoger pasajeros y conducir por rutas alternas”.
Reina el desorden
Para Arturo Sánchez, el caos del tránsito de los últimos días no se atribuye solamente a las obras del Metro. “Hay un desorden reinante en la ciudad. Ya superamos la capacidad de las vías, pues estamos muy centralizados”.
La mayoría de las colas en Caracas suelen ser impredecibles. Con una marcada sonrisa, José Antonio García admite que cruza aceras con su motocicleta para sortear el atasco en la avenida Casanova. “Son medidas extremas. Somos criticados por hacerlo, pero no hay manera de escapar de las colas”, asegura.
La hazaña es repetida varias veces al día por sus compañeros de la línea de mototaxis Los Jardines, localizada en Plaza Venezuela, quienes confiesan que no desearían optar por violar las leyes de tránsito. Aunque consideran que las colas han aumentado esta semana, suponen que podría ser peor en octubre. “Cuando comiencen las clases estallará el verdadero colapso, creo que esto es poco en comparación con lo que viene”, dice Freddy García.
Negocio con las colas
Los señalamientos son anónimos.
Los conductores de Plaza Venezuela y Sabana Grande aseguran que los fiscales de tránsito se lucran con el caos de vehículos. “Parecerá algo alocado, pero algunos choferes tenemos que pagar para estacionarnos en ciertos puntos.
Son 20 bolívares diarios para que nos dejen en paz los fiscales.
También se hacen de la vista gorda cuando alguien que comete una falta les moja las manos”, afirma un taxista que prefirió no identificarse.
En ese lugar son pocos las áreas para estacionar. Tampoco son muchos los fiscales de tránsito y las nuevas señalizaciones parecen confundir a los conductores.
Por Maolí Castro / El Nacional
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sábado, 30 de julio de 2011
Con la Ley de Costos aumentará la escasez y la venta irregular de alimentos
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julio 30, 2011
La última apuesta del presidente Hugo Chávez para frenar la inflación mediante una controvertida ley de precios amenaza con profundizar las distorsiones de la economía venezolana, golpeando la producción e incrementando la dependencia de las costosas importaciones, reseña Reuters.
El grueso de la empresa privada, acosada desde hace años por una férrea regulación, recela de la flamante Ley de Costos y Precios Justos aprobada por decreto presidencial, que da potestad al Gobierno para fijar bandas de precios en un amplio rango de sectores como alimentos, salud y educación.
La ley contempla la intervención, cierre y ocupación de los negocios que incumplan la normativa, en un país donde se han nacionalizado cientos de empresas, desde pequeños abastos a multimillonarios proyectos petroleros.
“Las leyes del mercado no aguantan más, no son leyes. El neoliberalismo es una locura. Hay muchos factores que deben intervenir en el juego económico, entre ellos el Estado”, dijo Chávez el miércoles en un acto con empresarios.
El fondo del debate es la óptica diametralmente opuesta con la que Gobierno y empresarios interpretan la espiral alcista de los precios y los brotes de escasez: unos culpan a la especulación y el sabotaje capitalista, los otros al entorno económico hiperregulado y centralista.
La nueva norma se sumará a las restricciones cambiarias y al control de precios vigente desde el 2003 y otras muchas normativas que han llegado a desafiar la subsistencia de muchas empresas.
“Va a aumentar el desabastecimiento y el expendio irregular de alimentos. En una economía inflacionaria, si no se considera la tasa de inflación y un margen razonable de utilidad, las empresas cerrarán”, dijo Carlos Machado Alison, experto agroalimentario del instituto IESA en Caracas.
El Gobierno confía en el músculo financiero del sector petrolero -con el barril de crudo a un promedio de 99 dólares- para suplir con importaciones cualquier posible escasez y asegurar el surtido de los anaqueles de cara a los comicios del 2012, a los que Chávez espera concurrir como candidato pese al cáncer que padece.
El mandatario, que llegó al poder en 1999, impulsa numerosas medidas económicas y sociales para transformar al país socio de la OPEP en un Estado socialista, con nacionalizaciones masivas, transferencia de recursos a comunidades organizadas y controles financieros.
¿PRECIO JUSTO?
La aplicación de la norma, prevista en menos de 90 días, requiere de una amplia plataforma tecnológica y la creación de una nueva Superintendencia que en teoría discutirá y fijará con productores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicios las estructuras de costos y precios.
Una nueva generación de empresarios afines al proceso socialista, que se ha beneficiado de créditos y subsidios gubernamentales, saludó la nueva medida y creen que con este mecanismo se logrará identificar problemas y aliviar la inquietud de los productores.
“El ejercicio de auscultar los costos permitirá descubrimientos favorables para todo el mundo. A los que producen bienes o prestan servicios le permitirá mostrar algunas dificultades que tienen para producir y los costos que le genera la burocracia”, dijo Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, asociación de industriales cercana al Gobierno.
“Quien no la debe, no la teme”, agregó el empresario.
Pero el grueso de los industriales privados, enfrentados desde hace años con el mandatario por prácticamente todos los aspectos de la política económica, tiene dudas sobre cuáles serán los parámetros para fijar los precios, ya que hasta el momento no hay un reglamento para ejecutar la normativa.
“Si los precios que se fijaran tuvieran correspondencia con las estructuras de costos, realmente no sería un gran problema”, dijo Antonio Pestana, vicepresidente de Fedeagro, un gremio nacional de agricultores.
“Nosotros regularmente demostramos la estructura de costos y cuando van a fijar el precio nunca tienen correlación con la estructura”, se lamentó el ejecutivo.
Los minoristas también están divididos. Algunos ven con temor este nuevo control, que todavía falta por definir a qué rubros afectará exactamente, ante la posibilidad de que más funcionarios fiscalicen sus negocios.
“Nosotros somos los que nos vemos las caras con los fiscales. Siempre es el último de la cadena el que sufre, porque cuando el productor ve que no le es rentable, con parar la producción tiene y allí es que viene la escasez”, dijo Fernanda Figuera, que trabaja en una charcutería en un mercado de Caracas.
Pero otros confían en que el Gobierno logrará, de una vez por todas, abatir la especulación de los intermediarios y refrenar los precios, que en lo que va de año se han disparado un 13 por ciento tras finalizar el 2010 en un 27,2 por ciento.
“Si (los intermediarios) nos venden caro, vendemos caro, eso no depende de nosotros. Yo sí estoy de acuerdo, porque si bajan los precios vendemos más”, dijo Ermo Correa, dueño de una venta de hortalizas.
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