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julio 30, 2011
La última apuesta del presidente Hugo Chávez para frenar la inflación mediante una controvertida ley de precios amenaza con profundizar las distorsiones de la economía venezolana, golpeando la producción e incrementando la dependencia de las costosas importaciones, reseña Reuters.
El grueso de la empresa privada, acosada desde hace años por una férrea regulación, recela de la flamante Ley de Costos y Precios Justos aprobada por decreto presidencial, que da potestad al Gobierno para fijar bandas de precios en un amplio rango de sectores como alimentos, salud y educación.
La ley contempla la intervención, cierre y ocupación de los negocios que incumplan la normativa, en un país donde se han nacionalizado cientos de empresas, desde pequeños abastos a multimillonarios proyectos petroleros.
“Las leyes del mercado no aguantan más, no son leyes. El neoliberalismo es una locura. Hay muchos factores que deben intervenir en el juego económico, entre ellos el Estado”, dijo Chávez el miércoles en un acto con empresarios.
El fondo del debate es la óptica diametralmente opuesta con la que Gobierno y empresarios interpretan la espiral alcista de los precios y los brotes de escasez: unos culpan a la especulación y el sabotaje capitalista, los otros al entorno económico hiperregulado y centralista.
La nueva norma se sumará a las restricciones cambiarias y al control de precios vigente desde el 2003 y otras muchas normativas que han llegado a desafiar la subsistencia de muchas empresas.
“Va a aumentar el desabastecimiento y el expendio irregular de alimentos. En una economía inflacionaria, si no se considera la tasa de inflación y un margen razonable de utilidad, las empresas cerrarán”, dijo Carlos Machado Alison, experto agroalimentario del instituto IESA en Caracas.
El Gobierno confía en el músculo financiero del sector petrolero -con el barril de crudo a un promedio de 99 dólares- para suplir con importaciones cualquier posible escasez y asegurar el surtido de los anaqueles de cara a los comicios del 2012, a los que Chávez espera concurrir como candidato pese al cáncer que padece.
El mandatario, que llegó al poder en 1999, impulsa numerosas medidas económicas y sociales para transformar al país socio de la OPEP en un Estado socialista, con nacionalizaciones masivas, transferencia de recursos a comunidades organizadas y controles financieros.
¿PRECIO JUSTO?
La aplicación de la norma, prevista en menos de 90 días, requiere de una amplia plataforma tecnológica y la creación de una nueva Superintendencia que en teoría discutirá y fijará con productores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicios las estructuras de costos y precios.
Una nueva generación de empresarios afines al proceso socialista, que se ha beneficiado de créditos y subsidios gubernamentales, saludó la nueva medida y creen que con este mecanismo se logrará identificar problemas y aliviar la inquietud de los productores.
“El ejercicio de auscultar los costos permitirá descubrimientos favorables para todo el mundo. A los que producen bienes o prestan servicios le permitirá mostrar algunas dificultades que tienen para producir y los costos que le genera la burocracia”, dijo Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, asociación de industriales cercana al Gobierno.
“Quien no la debe, no la teme”, agregó el empresario.
Pero el grueso de los industriales privados, enfrentados desde hace años con el mandatario por prácticamente todos los aspectos de la política económica, tiene dudas sobre cuáles serán los parámetros para fijar los precios, ya que hasta el momento no hay un reglamento para ejecutar la normativa.
“Si los precios que se fijaran tuvieran correspondencia con las estructuras de costos, realmente no sería un gran problema”, dijo Antonio Pestana, vicepresidente de Fedeagro, un gremio nacional de agricultores.
“Nosotros regularmente demostramos la estructura de costos y cuando van a fijar el precio nunca tienen correlación con la estructura”, se lamentó el ejecutivo.
Los minoristas también están divididos. Algunos ven con temor este nuevo control, que todavía falta por definir a qué rubros afectará exactamente, ante la posibilidad de que más funcionarios fiscalicen sus negocios.
“Nosotros somos los que nos vemos las caras con los fiscales. Siempre es el último de la cadena el que sufre, porque cuando el productor ve que no le es rentable, con parar la producción tiene y allí es que viene la escasez”, dijo Fernanda Figuera, que trabaja en una charcutería en un mercado de Caracas.
Pero otros confían en que el Gobierno logrará, de una vez por todas, abatir la especulación de los intermediarios y refrenar los precios, que en lo que va de año se han disparado un 13 por ciento tras finalizar el 2010 en un 27,2 por ciento.
“Si (los intermediarios) nos venden caro, vendemos caro, eso no depende de nosotros. Yo sí estoy de acuerdo, porque si bajan los precios vendemos más”, dijo Ermo Correa, dueño de una venta de hortalizas.
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