Alonso Moleiro: Más sobre el hampa y la miseria oficial

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abril 27, 2011

Siguen teniendo lugar, de forma cotidiana, eventos siniestros vinculados con el desborde delictivo en el país. En términos globales, el hampa parece ir dejando de ser una circunstancia generacional para convertirse en una peligrosa calamidad histórica.

La mudez del gobierno nacional respecto al tema –muy especialmente del presidente Hugo Chávez- , tiene expresiones muy concretas. En sus conversaciones con Leonardo Padrón, el entonces Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, confesó que intentó, en reiteradas ocasiones, persuadir al primer mandatario a incluir el tema e la inseguridad ciudadana en la agenda pública nacional: los riesgos que se cernían sobre la república eran objetivos; el país estaba en una emergencia y lo único que faltaba era declararla.

Preso de una terquedad insólita, distraído, pontificando sobre cualquier tema periférico de importancia inferior, al presidente se le ha ido un año tras otro sin prestarle especial atención a un tema que ya pasa a tener una gravedad extrema y que pasó a convertirse en un tema de estado.

En el tiempo reciente parece irse incubando una especie de sensación de fracaso en el alto gobierno. El “modelo represivo de la cuarta república”, que demagógicamente critican los personeros oficiales, ha sido desplazado por el de la quinta: los policías ahora organizan asaltos a apartamentos y planifican los secuestros frente a las narices de las autoridades. Que alguien recuerde cuándo un tema tan espeluznante como este ha sido debatido en un de esos interminables encuentros del Psuv en el Teatro Teresa Carreño.

La última modalidad del disimulo la ensayó el actual vicepresidente, Elías Jaua: el gobierno “no anda contando muertos” y por eso esconde con toda impunidad las cifras de la delincuencia que el país debe conocer: resulta que están condolidos por el dolor de las familias venezolanas y no quieren formar parte de ese festín aritmético. De ese tamaño es el disimulo oficial de un estado negado a rendirle cuenta a sus ciudadanos ante uno de los fracasos más estrepitosos y costosos de la historia de la gestión pública venezolana.

Es decir, la sociedad venezolana no tiene derecho a ser tratada como adulta para ser informada sobre la verdad en torno a las cifras de homicidios y la cantidad de las armas ilegales existentes en el país. La actual administración, tal parece, no está obligada a rendir cuentas sobre sus ejecutorias durante estos prolongados doce años, tiempo en el cual se ha dispuesto de la mayor cantidad de poder de la historia reciente del país.

Por supuesto que el tema no estriba en que el gobierno ande o no “contando muertos”. Venezuela está convertida, gracias a la impericia y la inacción de sus gobernantes, en un peligroso reducto en el cual cualquier cosa es posible en materia de escenarios del crimen, y el país tiene pleno derecho a conocer la verdad, ensayar correctivos y castigar a unos gobernantes que, habiendo dispuesto de tantos recursos, han agravado de ésta forma el problema, y, lo peor de todo, pretenden seguir disimulando con toda suerte de artificios.

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